Categoria: Dret a decidir

Canadá, el origen del derecho a decidir

Hace unos días el Presidente Sánchez, en viaje oficial a Canadá, ponía a Quebec como ejemplo para Cataluña. Loaba el caso canadiense porque –decía-, desde el respeto a la legalidad, se había abordado políticamente un problema político. No subrayó, en cambio, que Quebec celebró dos referéndums de independencia permitidos por el gobierno de Ottawa (que no impulsados por) como vía de resolución política a ese problema político. Y, aún menos, lo que podría resumirse con una sencilla idea: en Canadá está el origen del derecho a decidir.

Según la Carta fundacional de la ONU y los Pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales Económicos, y Culturales (en vigor en España desde 1977) “todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación” (art. 1). En ellos no se distingue entre autodeterminación interna (dentro del estado) o externa (formando un nuevo estado). La interpretación habitual de la jurisprudencia internacional anterior y posterior a estos pactos es que ese derecho a la autodeterminación solo puede interpretarse como derecho a la secesión (autodeterminación externa) cuando ese pueblo es una colonia o está bajo una ocupación militar extranjera[1]. En el resto de los casos, se entiende pues que “el derecho a la autodeterminación de los pueblos” significa “dentro de las fronteras del estado del que forman parte”.

Esto resulta coherente con las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 637 (VII), de 1952, 1514 (XV) y 1541 (XV), ambas de 1960, y la Resolución 2625 (XXV), de 1970. Todas ellas anteriores a los Pactos, vinculan el derecho a la autodeterminación con colonias o territorios no autónomos, al tiempo que éstos se definen como “territorios geográficamente separados”, lo que comúnmente se asociado con el llamado test de “agua salada”: entre un territorio considerado colonial y la metrópoli siempre existirá una extensión de agua salada (lo que permitía rechazar las reclamaciones de algunos pueblos aborígenes). A partir de la creación del Comité para la Descolonización la lista de estos territorios se ha ido fijando y actualmente está formada por 17[2]. En estos casos la legislación internacional daría cobertura a un proceso de autodeterminación que pudiese culminar con la creación de un nuevo miembro de la ONU.

Pero, ¿y si un pueblo que no cumple con estas características, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, desease secesionarse? ¿No habría que dar amparo a la posibilidad de hacer un referéndum sobre la cuestión para que la voluntad de sus ciudadanos pudiese ser tenida en cuenta? El Tribunal Supremo del Canadá abordó esta cuestión en 1998 y dio una respuesta afirmativa, inaugurando desde el punto de vista jurídico, un nuevo paradigma. Su argumentación es de una claridad que resulta ejemplar. Pese a ello, parece que todavía no es suficientemente conocida, al menos en España.

El dictamen, considerando el caso de Quebec, afirma que ese pueblo no podría apelar al derecho internacional y al principio de autodeterminación para justificar que puede independizarse unilateralmente, sin llegar a ningún acuerdo con el estado. Pero un estado democrático[3] no puede ser indiferente a la aspiración de un pueblo, o comunidad política, a ser independiente. ¿Acaso sería correcto ignorar la voluntad democráticamente expresada de sus ciudadanos en este sentido? ¿Sería correcto que una mayoría de ciudadanos de un territorio considerase que está “encerrado” en un estado del que no quiere formar parte?

Para determinar si existe esa mayoría un referéndum puede ser una vía. El Tribunal Supremo así lo entiende. Esa comunidad política tiene derecho a plantearlo y si la respuesta es afirmativa tendrá que negociar con el estado de qué modo puede constituirse en estado independiente. Esta interpretación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, entendida como el derecho a secesionarse si se hace de acuerdo con un determinado proceso (referéndum con pregunta clara y mayoría clara, más negociación posterior) que debería ampararse en una concepción avanzada de la democracia y formar parte del derecho interno (constitucional), no internacional, es lo que algunos hemos denominado derecho a decidir[4]. Y es lo que reclama una mayoría en Cataluña.

Ciertamente es una denominación sui generis, que entronca con el término más utilizado en las reivindicaciones populares catalanas, para hacer referencia a esta concepción avanzada de la autodeterminación expresada por el Tribunal Supremo canadiense. No es un derecho reconocido por ningún pacto o ley internacional.

De todos modos, también hay quien considera que el derecho a la autodeterminación de los pueblos al que hacen referencia la Carta y los Pactos no debería interpretarse de manera restrictiva, circunscribiendo el concepto de “pueblo” al de “colonia”. En este caso, si se prefiere, podría también decirse que el llamado derecho a decidir no es más que el derecho a la autodeterminación de los pueblos sin la restricción interpretativa que considera que los pueblos que pueden autodeterminarse externamente, es decir, a través de conseguir su independencia, son solo 17.

Con una u otra denominación, la pregunta que no ha resuelto el Tribunal Supremo del Canadá ni ningún otro órgano jurisdiccional es: ¿qué pasa cuando el estado del que forma parte ese pueblo no permite un referéndum para conocer su voluntad aunque exista una demanda clara en él y poder iniciar así, si es el caso, una negociación que tenga en cuenta su resultado? Es decir, cuando se imposibilita la resolución por cauces democráticos y políticos de esa demanda. La pregunta resta abierta.

Hay quien puede considerar que si no es posible ejercer el derecho a decidir no queda otra que buscar amparo, sino legal al menos en el ámbito de la legitimidad, de nuevo, en el derecho internacional. ¿En qué sentido? Desde el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo (2010) sabemos que una declaración de independencia que no se haya producido como consecuencia de un conflicto violento no contraviene ninguna ley internacional, lo que no presupone su reconocimiento automático. Lo que sí plantea es que si algún estado reconociese ese nuevo estado el resto de la comunidad internacional no podría considerarlo un acto ilegal por haber contravenido algún principio defendido por la ONU. De hecho, el Tribunal es también muy claro al afirmar que el principio de integridad territorial que podría invocarse para reclamar que nadie reconozca ese estado no se aplicaría, pues se circunscribirse solo a las relaciones entre estados[5].

Dicho esto, no cometiendo ningún acto contrario a la legalidad internacional, ¿qué tipo de legitimidad tendría? Algunos lo vinculan con la legitimidad de una “remedial secession” pero, sin duda, nunca se ha definido en estos términos, sino en relación a la conculcación de derechos humanos fundamentales.

No obstante, eso deja de nuevo la primera pregunta abierta, si no es posible ejercer la autodeterminación internamente, ¿qué otra vía resta? En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut lo dejó suficientemente desfigurado como para considerar que los catalanes se rigen por una ley que no han votado. Y a nadie se le escapa que si el Estatuto vigente fuese votado en referéndum no recibiría un apoyo mayoritario. En otras palabras, el derecho a la autodeterminación interna ha sido conculcado.

Esta es la perspectiva de las fuerzas independentistas que circunscribió todos los actos vinculados al 1-O, cuyo origen no puede desvincularse de la negativa del estado a celebrar un referéndum. Se comparta o no esta visión, un demócrata no puede restar indiferente al problema de que en democracia debe existir un procedimiento legal y pactado para poder responder a las demandas de una comunidad política para constituirse en estado. Lo contrario sería tanto como decir que la unidad del estado es sagrada, o que no es un tema tratable democráticamente y que, en pleno siglo XXI, solo es posible alcanzar la independencia a través de un conflicto bélico. Tres opciones, sin duda, igualmente abominables para un demócrata. Esta es la lección que el Presidente Sánchez debería haberse llevado aprendida de Canadá.

[1] En los términos del Tribunal Internacional de Justicia: “Durante la segunda mitad del siglo XX, en materia de autodeterminación, el derecho internacional ha evolucionado hasta crear un derecho a la independencia en beneficio de los pueblos de los territorios no autónomos y de los que estaban sometidos a la subyugación, la dominación o la explotación extranjeras” (Dictamen sobre la declaración de independencia de Kosovo, 2010, párrafo 79).

[2] http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml

[3] El Tribunal considera que hay cuatro principios subyacentes, “no explícitamente reconocidos”, que son el fundamento de la Constitución canadiense: la democracia, el federalismo, el constitucionalismo y el estado de derecho, y el respeto a las minorías.

[4] Véase Barceló et al. (2015): El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho (Ed. Atelier) y López, J. (2018): El derecho a decidir. La vía catalana (ed. Txalaparta; segunda edición).

[5] “El alcance del principio de integridad territorial está limitado a la esfera de las relaciones entre Estados” (párrafo 80).

Catalonia and the right to self-determination in the 21st century

[Texto leído en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el 20/03/2018, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas]

 

What can be done if a political community wants to become an independent state in the 21st century?

This is what the Catalans have been asking for more than a decade, these last ten years, in a massive way, citizens and institutions, leaving aside the long history of the Catalan pro-independence movement which started more than a century ago.

They ask themselves: What do we have to do if we want to be an independent state following a democratic procedure and without breaking the law in a Western context?

A decade ago it seemed that there was an answer to this question. It was necessary to follow the paths of Quebec and afterwards Scotland in order to know if there is a majority will for independence, through a referendum, and if this was the case start negotiating with the central government to concrete the details of the secession.

Too easy! Too civilized! At least for Spain that has refused to hold a referendum on the independence of Catalonia, ignoring the demand of 80% of Catalan citizens in favor of an agreed referendum on the issue.

The contémpt for the recognition of this democratic will is the same as its historical denial of the existence of a political community called Catalonia, with a will of its own that, for many Catalans, and for many observers, is nothing but a stateless nation.

In the Spanish context, the distinction between nation and state is practically impossible. Ignored by politicians, unknown by citizens, denied by the Constitutional Court that, in this recent years, has modified the constitutional distinction between regions and nationalities emptying it of all content.

But, let’s go step by step. What has happened in Catalonia these last ten years? What has to do with the right to self-determination?

The origin of the sovereignty process is often placed in 2010, more concretely, in the month of July when the Spanish Constitutional Court declared unconstitutional fundamental parts of the new Catalan statute, the new Home rule, its fundamental law.

However, I place this starting point four years before. In December 2005 a civic platform of more than 700 organizations of any kind was created in Barcelona with the name: Plataforma pel dret a decidir, “Civic Platform for the right to decide”.

The first great event that this Platform organized was a demonstration with the motto: “We are a nation and we have the right to decide”, which was a completely unexpected success for everyone, including its organizers. It was the first mass demonstration of the several demonstrations that has happen in these ten years in Catalonia and that have gathered hundreds of thousands of people, probably more than a million in some of them.

It was the first time that the demand in favor of the right to decide was claimed in the streets of Catalonia. A right to decide that has led absolutely the political life of Catalonia, and to a lesser extent of Spain, in these ten years. It will be impossible to explain the history of Catalonia of this period without mentioning it. A right to decide which was, first, claimed by citizens. Then assumed by the political parties in their electoral programs. Then claimed institutionally in Parliament through various solemn statements. A movement clearly bottom up which has nothing to do with a strategic movement of the elites or with populism. A right to decide which has been tried to be exercised in different ways, as I will explain in a moment, even if only partially achieved.

It must be remembered that these first demonstrations demanded that the Statute of Catalonia, the Home rule, be decided in accordance with the will of the Catalans. In February 2006, when that first demonstration took place, the proposal of new statute approved in the Catalan Parliament with the support of 89% of the Catalan MPs, was being negotiated in Madrid before being definitely approved in the Spanish Parliament following the Constitutional procedures. In that moment, media broadcasted the statements of some relevant Spanish politicians who said that they were going to modify the text as a piece of wood is modified thanks to a sandpaper. This were the real words of a very relevant politician of the Socialist party. At the end, more than 50% of the proposed articles were modified.

So, it must be remember that the right to decide was first of all an expression of a will in favor of what jurisprudence and political scientist call: internal self-determination. And it was equally defended at that moment by pro-independence and federalist positions. It is not strange so that the right to decide easily was assumed in the following years by all Catalan political parties in the Catalan Parliament except for the Partido Popular (Popular Party).

But soon after that the right to decide would connect with an external self-determination demand. Indeed, from a sociological point of view, the great change experienced in the Catalan society has been the big increase in the support for independence that was traditionally around 15% and now it is around 50%, a figure that seems quite stable.

Multiple reasons can explain this shift but, undoubtedly, the great momentum was originated by the ruling on the statue issued by the Constitutional Court on June 2010. According to this ruling main parts of the statue were declared unconstitutional and invalid, some of the ones that indeed had motivated the reform, as for example the recognition of Catalonia as a political nation within Spain, or the recognition of the Catalan as a language with the same level as the Spanish in Catalonia, or a new fiscal and tax agreement with the Spanish State.

Four years after being approved in the Catalan parliament, agreed in the Spanish parliament and endorsed by the Catalan citizenship in a referendum, a Constitutional Court formed by magistrates elected by the two Spanish great parties, the Popular and the Socialist party, and with a conservative majority, modified the fundamental law of Catalonia.

This unprecedented situation has been described by some jurists as a coup d’état, since the Court does not interpret a normal law, but modifies a basic constitutional-level law, a political agreement democratically legitimated by representatives and citizens. At present the Catalans have a fundamental law that has not been approved by them. One can imagine that this final version would be widely rejected by the Catalan citizens.

Since then, the Catalans have tried to exercise their right to decide. In fact, the popular movement already organized unofficial referendums on independence before the decision of the constitutional court. Between 2009 and 2011, more than 800.000 people voted in more than the half of towns and cities of Catalonia. Although they were not official and only reached a part of the population, the rigor of their organization must be emphasized.

On November 9, 2014 the Catalan government, after presenting itself with an electoral program in favor of the right to decide, try to hold a referendum that included various questions about the political future of Catalonia, a possible federal or confederal relationship with Spain and the independence.

The Constitutional Court declared the referendum illegal and the Catalan government had to turn it into a participatory process organized by volunteers. This modification was not made without controversy and its promoters, including the former president of the Catalan government, have been prosecuted for it. Two and half million participated

On October 1 of the last year, a new Catalan government hold an independence referendum in accordance with a law passed in the Catalan parliament that was declared unconstitutional. Everybody knows the result and consequences.

It seems to me that all this brief story can be summarized by saying that the Catalans have been struggling for a decade to vote on their political future. And the Spanish government has been preventing it for a decade.

Why this is so? Do the citizens of Catalonia have fewer rights than those of Scotland or Quebec, both part of Western democratic states, as Spain should be considered?

The right to vote on this issue has been denied by the Spanish political class and public opinion by appealing basically to two arguments.

First, the right to decide is the same as the right to self-determination and the Spanish constitution does not allow the right to self-determination.

And, second, when it is pointed that Spain has signed different international covenants that include and protect this right, it is answered that the external right to self-determination refers to colonies and Catalonia is not a colony.

The public and political debate in the Spanish context, unfortunately, has never gone beyond these two basic statements.

Are they enough to prevent a people from deciding their future? Can a territory and its people within a state be maintained against the majority will of its citizens?

It has been said that these two arguments would be applicable even if 100% of the Catalans will express their will to form a new independent state, since the last word must be said by all the Spaniards on whom national sovereignty is based.

Without going into great arguments, only intuitively, one can recognize here a very limited understanding of democracy, which ignores the recognition of territorial minorities, incapable of recognizing a political subject with as many national characteristics as any other European nation, and that ignores the practice of any secession referendum (including the brexit) where it is the subject that wants to leave who votes.

But let’s go back to the core question: Do the Catalans have the right to self-determination? Internally and externally?

From an internal point of view it can be observed that self-determination has been violated since the law that serves to politically accommodate the Catalan people within the Spanish state has not been voted by the Catalans.

Regarding external self-determination, possibly the point of departure is to recognize that international jurisprudence has been making, over the years, a restrictive interpretation of the right to self-determination, surely connecting it with decolonization processes. In particular, according to the decolonization committee of the United Nations, there are 17 pending cases. Catalonia is none of them.

Given this fact, it can be argued that the right to self-determination as it was originally understood has a much broader meaning and that a people like the Catalan should be subject to it, as were many other similar peoples in the European past, not too many years ago.

That’s ok but it seems to me more interesting the look at its connection with the examples of Canada and the United Kingdom, in relation with Quebec and Scotland. Both are firmly anchored in highly democratic contexts and points to a democratic understanding of the right to self-determination, even beyond the national principle. Indeed, this prevalence of democracy over other considerations is what possibly characterizes the notion of the right to decide, with a so central role in the Catalan sovereignty process.

It hardly needs to be remembered that the Supreme Court of Canada defended the possibility that Quebec would vote on its independence claiming that, although it was not possible to relate this case to the right to external self-determination that reflects international legalitity, democracy, federalism, the rule of law and the protection of minorities that characterize Canada implies it. If the will of the Quebecois were in favour of secession it should be recognized and give way to a negotiation process with the Canadian government.

In the case of the United Kingdom, the political will gave way without any constitutional procedure, as the United Kingdom lacked written constitution, to negotiate for the holding of a referendum of self-determination.

The same political will that could make possible to vote in Catalonia, even if a constitutional reform was necessary, as the Spanish Constitutional Court has pointed out. If the Catalans were consulted in a non-binding referendum and expressed their will to form a new state, it would be perfectly possible for the Spanish political parties, recognizing that will and to vote for a constitutional reform in the Spanish Parliament that would make possible and legal to implement that result. It is not a question of laws but of democratic conception. It is only a matter of political will and recognition of the Catalan people.

In this line I would like to also remember the Opinion of the International Court of Justice on the independence of Kosovo issued precisely in July 2010. It’s obvious that Catalonia has nothing to do with Kosovo. They are not parallel examples at all. But what a Court presents in its arguments must be taken as general reasons and even elements that can produce jurisprudence. In its assessment of the case, the International Court underlined some relevant points to conclude that the declaration of independence of Kosovo did not violate any international law. The Court starts by saying that that case cannot be judged from the parameters of the right to self-determination as it is currently defined in the international legal system, but there are other elements that can legitimate the declaration, mainly its democratic and non-violent character. It also claims that the principle of integrity must be understood in relation with other countries, it’s not to be applied in a secession procedure and it does not take any account of the national nature or not of Kosovo. It seems no relevant for the decision. I can see connections between this line of reasoning and the Opinion of the Supreme Court of Canada that seems to point to a new or a broader understanding of the principle of self-determination that leaves behind the restrictive version of decolonization. There is a new understanding of the right to self-determination deeply anchored in democracy.

Let’s go back to the initial question. What can be done if a political community wants to become an independent state in the 21st century?

Despite what happens still in too many countries, and it is clearly the case in the Spanish context, the unity of the state is not a sacred fact, a state is not a moral good to be protected, especially if we consider how many of the current states were formed as the result of wars and violence of all kinds. It is rather a political instrument at the service of citizens and must count with their assént. And can change over time.

The development of the democratic principle has been a constant in recent centuries. The number of people who can vote, including in the franchise, workers, women has been gradually expanded. It should also expand the set of issues withon reach of citizens, including the possibility of constitute a new independent state. We cannot leave democracy with black holes, otherwise it will be said that there are issues that only with wars, violence and suffering can be resolved.

The right to decide can be considered a democratic interpretation of the external right to self-determination, which emphasizes the democratic dimension of it over the national one and that represents a further step in the advancement of democracy.

Someday the idea that a people, any people, can be recognized as a nation over all by their willingness to be and their willingness to exercise the right to decide will overcome the old distinctions between historical nations and peoples and any other territorial-based political community which presents a sustained demand over time, in a peaceful, stable and democratic manner, to exercise its right to decide on its political future, which does not equate with a unilateral and unconditioned right but with a recognized democratic procedure, including conditions and negotiations. Possibly, among them, it will have to be included previous efforts to develop internal self-determination and getting recognition.

But before all that happens in a possible future, hopefully this century, Catalonia is already a nation which has claimed for its right to self-determination by appealing to its right to decide inside a parent state with a number of those failures. It must be listen.

Especially in a European context where a change of this magnitude can be conceived under the umbrella of shared sovereignty and porous borders. If Europe is to be a federation, the modification of its internal borders should be contemplated, both in recognition of its federal character and in recognition of the right to self-determination of its stateless nations. In Europe, precisely, the distintcion between internal and external right to self-determination should lose part of its meaning. In no other place in the world, the development of federalism and self-determination should be more guaranteed.

Maybe it would be easier with a European Law of Clarity, following the Canadian model, which could stipulate fair rules to develop self-determination referendums in which the will of the citizens were taken into account, and their will could initiate fair negotiations between governments, with the intermediation of the European Union and, in any case, within the framework of a new understanding of the right to self-determination, more in accordance with the necessities of the 21st century.

Thank you.

Hablando del derecho a decidir en serio

El derecho a decidir empezó a sonar en el País Vasco, en el 2003, incluido en el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi promovido por el Lehendakari Ibarretxe que lo volvió a situar en la palestra en su propuesta de consulta sobre el proceso de paz en el 2008. Entretanto, en Cataluña, el derecho a decidir protagonizó en el 2006 la primera gran manifestación del proceso soberanista catalán, impulsado hasta el 2010 por la Plataforma por el Derecho a Decidir. Después vendrían las consultas no oficiales, la incorporación del concepto en la política institucional, la creación de la Assemblea Nacional Catalana que recogió el testigo de la movilización, el referéndum de 2014 bajo el tecnicismo legal de  “proceso participativo” y el referéndum inconstitucional del 2017. Por marcar algunos de los hitos hasta hoy en el camino por –subráyese- ¡votar!

El proceso catalán difícilmente puede desligarse de la reivindicación del derecho a decidir que, pese a lo que suelen apuntar críticos y opinadores poco informados, no equivale al derecho a la autodeterminación, al menos en su lectura tradicional. El derecho a decidir surge de una doble constatación. Primera: que el principio democrático ha ido evolucionando, ampliando sus bases, tanto en lo que respecta a quienes pueden votar, como sobre en qué cuestiones la ciudadanía puede participar. Segunda: el estado no puede ser visto como un bien casi moral a preservar, una estructura intocable, fuera del alcance de decisión de los ciudadanos del presente, sino que hay que verlo como un instrumento político al servicio de las personas, cuyas voluntades y proyectos de futuro no tienen porqué someterse, sin más, a los avatares de la historia. Especialmente, teniendo en cuenta que la mayoría de los estados debe sus actuales fronteras y estructuras a sanguináreas guerras carentes de toda legitimidad en pleno siglo XXI.

Negar estas dos constataciones hoy resulta cuanto menos chocante para alguien que se diga demócrata. No solo eso, negarlas equivale a defender que, en lo que respecta a la cuestión de la actual definición de los estados, no hay nada que tocar, que “la unidad del estado” forma parte de los pocos elementos sagrados que persisten en una sociedad cada día menos religiosa. O lo que es peor, que solo es posible cambiarla mediante la violencia.

Es imposible desde una posición democrática aceptar tales supuestos. Ha de ser posible, en el marco democrático, desarrollar un procedimiento para poder reorganizar territorialmente un estado y generar nuevos, si esa es una voluntad mayoritaria. Mayoritaria no significa consensual, significa que todos los votos cuentan igual y que todas las voluntades son consideradas igualmente dignas de ser tenidas en cuenta. De lo contrario, estaríamos diciendo que las preferencias a favor de la independencia cuentan menos que aquellas que defienden el actual status-quo. De nuevo, algo que un demócrata serio no puede afirmar. En 1995, en Quebec, 4 décimas fueron suficientes para que la provincia se mantuviese dentro del Canadá. En Escocia, en 2014, 5 puntos fueron suficientes para que no saliese del Reino Unido. En otras palabras, en ambos casos, una décima a favor de la independencia hubiese bastado para generar un nuevo estado. Solo en contextos con poca cultura democrática se pone en duda el valor igualitario de todo voto, o peor aún se impide votar.

Naturalmente, el proceso de independencia va más allá de un referéndum. Un procedimiento democrático para generar un nuevo estado no tiene porque identificarse con una única votación. Cuando alguien demanda una mayoría cualificada para poder ejercer el derecho a decidir, si no está ocultando su preferencia por una posición minoritaria que pretende sobrerepresentar, lo hará movido por un interés legítimo para garantizar la estabilidad de una decisión tan trascendente, que no se puede revertir a corto plazo. Esos mecanismos de seguridad pueden plantearse por vías diversas y, sin duda, implican una negociación, pero jamás pueden suponer un poder de veto y menos apelando a argumentos tan variopintos como “que el mundo avanza hacia la integración”, “que si hoy en día no tienen sentido nuevas fronteras”.

De nuevo, argumentos no solo antidemocráticos (“me importa un bledo lo que quiera la gente”), sino difícilmente defendibles por un europeísta convencido para quién cualquier modificación en el estatus político de un territorio europeo debería concebirse como un cambio de fronteras internas, como el que hoy podría darse, por ejemplo, a la hora de modificar los lindes de dos comarcas. Hablamos de estados europeos, con soberanía compartida con la Unión, como asumen hoy todos los europeístas, también los independentistas quienes, por cierto, en ningún lugar han defendido crear un estado para salir de la UE, con lo que algunos –antidemócratas- les amenazan.

Sin duda, el derecho a decidir, a diferencia del derecho a la autodeterminación, no se ejerce exclusivamente respondiendo a una pregunta sobre la independencia. Su propia justificación no puede desligarse de todo proceso a favor del empoderamiento ciudadano y del principio democrático, no solo como una fórmula para elegir a unos representantes, sino como verdadero eje central de la toma de decisiones colectivas y la coresponsabilización política, incluyendo el desarrollo del principio de subsidiariedad, en definitiva, situando a la ciudadanía en el centro del proceso político.

[Publicado en El Correo y Diario Vasco, 09/02/2018]

DIÀLEGS CIUTADANS: ELS FONAMENTS DE LA REPÚBLICA

Ara que sembla que els fulls de ruta s’han deixat de banda tenim el millor mapa possible de la Catalunya política actual: 50, 30, 20. Un 50% vol una república independent, un 30% vol mantenir l’status-quo i un 20% vol una reforma constitucional que impliqui un augment de l’autogovern. No sembla aventurat afirmar que entre el 50 i el 70% es troba el percentatge de catalans que rebutja el 155, que vol una república (amb una relació a determinar amb Espanya), que està a favor de l’empoderament ciutadà i del dret a decidir del poble de Catalunya (discrepant sobre la millor fórmula per exercir-lo).

Tot això s’expressa de múltiples formes i també a través d’un comú denominador en els programes electorals de Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú i la CUP: tots ells parlen de la seva voluntat de desenvolupar un procés constituent. I, de fet, segons com entenguem aquest procés, és l’únic dels punts d’aquesta majoria àmplia que depèn exclusivament dels partits catalans.

Què diuen aquests programes? Una de les “principals ambicions polítiques” de Junts per Catalunya és “promoure un gran debat nacional, participatiu i d’empoderament de la ciutadania que abordi els trets i els eixos que han de conformar la constitució de la República catalana”, prenent com a referència el 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana. En el cas d’Esquerra, vol impulsar “un gran diàleg de país en clau constituent, deliberatiu i amb vocació àmpliament participativa, per definir el model de República pel qual optem”. La CUP-CC diu en el seu programa que “promourà l’inici del Procés Constituent, com un procés que haurà de ser democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, i que ha de culminar amb la redacció i aprovació de la constitució de la República, la qual haurà de ser refren­dada en un Referèndum.” I Catalunya en Comú-Podem proposa “un gran acord social i polític per fer avançar Catalunya. Un acord que es concreti en un nou marc constituent català, superador de l’actual marc estatutari, que ens permeti guanyar autogovern i establir una relació bilateral entre Catalunya i Espanya en el marc d’una Estat Plurinacional”. La resta de forces parlamentàries no s’hi refereixen als seus programes.

Els diversos accents són clars: uns volen un procés per fundar una república i donar pas a una futura assemblea constituent que redacti la Constitució, altres volen un procés, dins del marc espanyol, que permeti superar l’actual model estatutari. Però també cal destacar les similituds: donar la paraula a la ciutadania, més enllà d’unes eleccions, per debatre i deliberar sobre els temes fonamentals que han de contribuir a definir el futur polític del país. “Constituent” en ambdós casos? És evident que sí, si abandonem l’ortodoxia legalista que acostuma a vincular el terme “constituent” exclusivament amb la redacció de la constitució i entenem, en un sentit ampli i més politològic, que qualsevol tasca, pautada i reconeguda, per contribuir a definir les bases d’un model polític és constituent, en la mateixa mesura que podem afirmar que posa els fonaments sense que ens estiguem referint a uns pilars de formigó. Si, finalment, aquest adjectiu –tot i que no ha estat un problema en els diversos programes electorals- confon més que una altra cosa hi ha d’altres expressions com “diàlegs ciutadans sobre el futur polític de Catalunya”.

El que és important és que, en un procés de sobirania com el que estem vivint, el vincle entre institucions i ciutadania (incloses les entitats i associacions) es mantingui molt viu constantment. El que és important és construir espais on es puguin trobar sensibilitats diverses que puguin intercanviar les seves visions de futur, i definir els anhels compartits per traçar un horitzó, per molts encarnat en la república, a curt i mig termini. El que és important és deixar de parlar del que ens allunya d’Espanya –que és molt- per centrar-nos en el que ens uneix en les nostres aspiracions per viure millor. Parlar de per què volem constituir un nou país i quines prioritats compartim. En definitiva, parlar del que no hem pogut fins ara, àmpliament, donades les circumstàncies. Parlem?

Aquest procés ha de ser massiu, seguint una metodologia sobre la qual ja es compten amb treballs importants al nostre país, no cal fer-lo amb presses si tenim tota una legislatura però requereix consens dels partits sobre la metodologia, suport des de les institucions, impuls des dels ajuntaments, compromís i voluntarisme de les organitzacions socials i seguiment dels mitjans. La ciutadania motivada ja la tenim.

SI NO HI HA MÉS REMEI

He defensat durant anys, sovint en aquestes pàgines, el dret a decidir. Si una comunitat política expressa de manera clara i sostinguda en el temps la seva voluntat de decidir sobre el seu futur polític aquesta decisió hauria d’estar al seu abast. He defensat que aquest hauria de ser el camí de l’evolució del dret a l’autodeterminació, fonamentant-se en ple segle XXI molt més en un principi democràtic que nacional. Confesso que els esdeveniments polítics viscuts darrerament a Catalunya confirmen que es tracta d’una concepció del dret possiblement massa sofisticada, massa civilitzada podríem dir. En l’esfera internacional el cas català certifica que el marc interpretatiu dominant a l’hora d’avaluar aquest tipus de demandes té poc a veure amb el dret a decidir i es fonamenta en la causa justa i la secessió remeiera: si no hi ha més remei...

Això situa les coses en una dimensió molt diferent perquè ja no n’hi ha prou amb la voluntat reiterada, pacífica, per exercir l’autodeterminació, cal –i és dur dir-ho- que s’incrementi el problema a solucionar. Això és el que molts hem criticat sempre a las teories remeieres (sembla que fomentin que com pitjor millor). En tot cas, crec que a Catalunya, la campiona del dret a decidir, se la jutjarà cada dia més com un cas de potencial secessió remeiera. No és que tingueu el dret a decidir –ens adverteixen-, és que (potser) teniu el dret a salvar-vos.

En aquest punt seria interessant que tots aquells que han defensat aquesta perspectiva, començant pels seguidors del seu màxim defensor, el professor Allen Buchanan, poguessin donar-nos un cop de mà. Recordem que en el prefaci de l’edició espanyola del seu Secessió: la moralitat del divorci polític, on es preguntava sobre si Catalunya té el dret a secessionar-se, esgrimia quatre raons que podrien justificar-ho, entre elles: “violacions a gran escala de drets humans bàsics” i “violació de l'Estat contra els compromisos del règim d'autonomia o la persistent i injustificada negativa a negociar una forma adequada d'autonomia”. Una violació que hom podria considerar que s’inicia el 2010 i arribarà a les seves màximes quotes amb l’aplicació de l’article 155.

Ningú vol ser “l’autor” del problema. Tothom es presenta com a part del remei: “si tu fas això, jo hauré de fer...”. Curiosament, és una manera de tenir amb qui parlar, quan la negociació no es pot produir per incompareixença d’una de les parts.  Parlem amb l’altre sense l’altre. Aquesta situació es podria enquadrar en el famós joc del gallina, un model de teoria de jocs que ve a dir que en certs moments el qui és capaç d’amenaçar de manera més creïble acaba guanyant perquè aconsegueix la retirada, en el darrer moment, del contrincant. Però ja no crec, tampoc, que aquesta sigui una bona forma d’analitzar el què passa a Catalunya. A hores d’ara, ja no es tracta de veure qui la diu o la fa més grossa, sinó de veure qui la fa més petita (sense trencar amb la seva gent) per no ser titllat de ser el màxim responsable. En l’esquema remeier, té lògica.

Dins d’aquest marc, el joc se situa en la necessitat d’harmonitzar les segones preferències. Tothom ha de poder dir, com el famós personatge del conte de Melville: “preferiria no fer-ho”. Les potencies internacionals preferirien no haver de reconèixer la independència de Catalunya, però potser la prefereixin a haver de suportar certs nivells de crisi. El govern català vol declarar la independència, però potser preferiria fer un segon referèndum acordat abans de tirar pel dret. (Certament, algú podria dir que la independència ja és una segona preferència rere la primera d’una Espanya plurinacional i federal.)

I Espanya? Quina és la seva segona preferència? Reconèixer una Catalunya independent fora de la Unió Europea? Aparèixer com un estat repressor i inestable però amb les mateixes fronteres? El que és evident és que és costós passar d’una preferència a una altra (que ens ho diguin als catalans que només vam començar a reivindicar massivament la independència després del fracàs de l’estatut). La independència com a remei requereix resistència i, malauradament, patiment. És la lògica abominable del marc remeier.

La pregunta aleshores és: Fins a quin punt la preservació efectiva de l’autogovern implica una declaració d’independència? Fins a quin punt el suport al referèndum del dia 1-O es pot lligar a la gran manifestació contra la repressió del dia 3-O? O a la de repulsa per l’empresonament dels Jordis? Això és clau. L’impacte de la causa justa també de portes endins: per quants no independentistes cada nou cop de porra (jurídica o literal) és una raó per defensar una secessió remeiera.

[Article aparegut al diari Ara, 23/10/17]

EL DRET A DECIDIR NO ÉS UN EUFEMISME

 

“Deixeu-vos d’eufemismes: Catalunya té dret a l’autodeterminació. Què és això del dret a decidir?! Ganes de no parlar clar o de convèncer als poc amics dels drets nacionals de Catalunya. Girem pàgina, ja! Deixem de parlar del dret a decidir.” Com més ens apropem al referèndum més sembla prendre força aquesta visió: del dret a decidir que va iniciar el procés al dret a l’autodeterminació que hauria de cloure’l.

És cert que la relació entre dret a l’autodeterminació i dret a decidir ha estat ambivalent des del principi (en la Llei del referèndum són sinònims), i des d’aleshores s’han combinat en la seva defensa els que l’han considerat com a una oportuna operació de màrqueting i els que l’hem defensat com a una genuïna fórmula per defensar una actualització del principi democràtic.

És cert també que l’expressió right to decide tampoc té un significat prou clar a l’estranger i que tothom està més familiaritzat amb el right to self-determination, tot i que aquest tampoc tingui un contingut inequívoc. És evident també que el cas català és únic: un procés de sobirania amb un referèndum d’independència no pactat amb l’estat en un context occidental. Des d’aquesta clau és possible afirmar que el principi del dret a decidir també és, a hores d’ara, singular i que està en les beceroles del seu potencial recorregut. Tot plegat potser fa més planer defensar la causa catalana en termes de dret a l’autodeterminació, però això en cap cas ha de significar que el confonguem amb aquest.

El dret a decidir planteja que al segle xxi cap decisió col•lectiva pot quedar fora de l’abast de la democràcia perquè el contrari és abocar la ciutadania a la submissió. I això ha d’incloure la delimitació dels estats, que no són més que una eina pel benestar públic, i no la més alta expressió (quasi sagrada) de nacions pre-existents (quasi independents de la voluntat dels individus). Democràcia (empoderament ciutadà) i desacralització de l’estat són els dos ingredients bàsics sobre els que s’assenta el dret a decidir, força distants, per tant, del principi nacional que permet reclamar un estat i que s’associa al dret a l’autodeterminació.

El dret a decidir el tenen els ciutadans i les comunitats polítiques que formen, no els pobles i les nacions. Comunitats polítiques que puguin convertir-se en estats viables. Plantejar-se esdevenir un nou estat s’ha de fer seguint unes regles que poc poden tenir a veure amb unes eleccions ordinàries. Però tampoc amb una dictadura de la majoria encoberta que impedeix la possibilitat que la voluntat democràtica d’una comunitat minoritària en el conjunt de l’estat pugui desenvolupar-se. El dret a decidir s’ha de moure entre aquests dos extrems, però no requereix de raons històriques, ni tan sols de raons en el present, només de voluntat democràtica. En aquest sentit, no només es diferencia del dret a l’autodeterminació que apunta quines úniques comunitats podrien eventualment esdevenir estats (obrint, per tant, la discussió sobre qui és o no és una nació), sinó també dels que consideren que la secessió només és justificable si l’estat actual suposa una greu amenaça per a una comunitat.

Per entendre’ns –i ja em disculparan els matisos de l’exemple-, la diferència entre el dret a l’autodeterminació i el dret a decidir recorda la distinció entre les dues concepcions del dret a l’abortament: de supòsits o de terminis. Per uns es tracta de determinar els supòsits, per d’altres només fa falta complir uns terminis (i uns procediments), independentment de les raons o causes. No m’estenc a assenyalar cap a on s’ha dirigit el progrés en la matèria.

De fet, des de la concepció del dret a decidir, l’única prova de l’existència d’una nació política és la voluntat d’exercir-lo. Catalunya és una nació. No és un subjecte sagrat i inalienable, històricament predeterminat per esdevenir un estat. És una comunitat d’anhels, una realitat de recursos, un passat de coincidències i de lluites que cristalitza en una voluntat de ser. Curiosament des de la perspectiva jurídica convencional de l’ONU, Gibraltar té el dret a l’autodeterminació però Catalunya, no. Des de la perspectiva dels nacionalistes tradicionals, Catalunya en té, i Gibraltar és dubtós. Des del dret a decidir, ambdós en tenen i exercint-lo, com ja ha fet Gibraltar, demostren que són nacions.

Als que consideren que les seves nacions tenen raons històriques per merèixer l'autodeterminació el dret a decidir els hi semblarà poc i innecessàriament igualador. Els que creuen que només l'estat defineix els àmbits de sobirania perquè és ell (i només ell) el que crea la nació els semblarà massa. Tanmateix, l’evolució del principi democràtic ha anat ampliant qui pot votar. Ara hauria d’acabar amb els “forats negres” democràtics on “es pot parlar de tot” però sense que la decisió estigui a l’abast de la ciutadania.

[Aparegut al diari Ara, 19/09/2017]